Ada Colau lo
anunció claramente durante su comparecencia en el Congreso: la Plataforma de
Afectados por la Hipoteca (PAH) no se quedaría con los brazos cruzados mientras
se tramita la Iniciativa Legislativa Popular sobre la dación en pago y otras
medidas relacionadas con los desahucios. La PAH ejercería toda la presión
necesaria para que los diputados tomasen conciencia de la espantosa situación
que crea para numerosas personas la legislación actual.
Teóricamente, en la
cuestión de los desahucios, los distintos gobiernos españoles se limitan a
cumplir la ley y, como se cumple la ley, se tapan los ojos ante la violencia
que esto supone. Y es que esta ley que no contempla la dación en pago para las
personas -aunque sí para las empresas- ha expulsado de su vivienda a más de
400.000 personas y provocado más de 400 suicidios y un sinfín de situaciones de
miseria, humillación y sufrimiento. El operativo habitual de desahucio corre
fundamentalmente a cargo de agentes de policía y oficiales de juzgado. Estos se
presentan ante la vivienda de la persona condenada al desahucio y la presionan
por todos los medios para que abandone su domicilio. Todo vale: gritos,
amenazas, intimidaciones, golpes, puertas descerrajadas, etc.
Cada intervención
de este tipo recuerda a pequeña escala las de los ejércitos coloniales que,
como antaño el francés en Argelia y hoy el israelí en Palestina, expulsan a los
nativos de sus viviendas en nombre del interés del más fuerte. Se ha dado el
caso de que, ante la inaudita violencia de los desahucios, miembros de los
distintos servicios que participan en ellos -bomberos, cerrajeros, incluso
policías- hayan hecho objeción de conciencia. Cuando se expulsa a una persona
de su vivienda, la sensación de estar violando algo sagrado es muy clara y
muchos policías recurren, para aguantarla, a la vieja estratagema de su oficio:
adoptar una actitud sumamente violenta en los gestos, los actos y las palabras
para evitar toda posible identificación con la víctima. Esto les permite
dotarse de una carapaza moral. La cosa es gravísima, pues, si se atiende a
criterios jurídicos formales, lo que se está conculcando es un derecho
fundamental: el derecho a la vivienda reconocido en las cartas de derechos
fundamentales y en la propia constitución española. Estamos efectivamente en un
tiempo oscuro en el que todo derecho, por fundamental que sea, palidece ante el
único que según las autoridades debe prevalecer: el derecho de propiedad de los
bancos.
La mayoría de los
diputados y de los responsables políticos españoles contempla la cuestión de
los desahucios con una mezcla de fingida indignación moral por las
consecuencias de la ley vigente y de un fuerte "sentido de la
responsabilidad" que les hace mantener y defender esta misma ley. Las
actitudes varían en una gama que va de la necesaria defensa de la propiedad y
de los contratos como base del orden social, independientemente de sus
consecuencias para los demás, hasta la pretendida ignorancia de quien afirma
que no tiene nada que ver con todo esto. Desde los soldados del deber que están
dispuestos a defender el sistema hasta la última gota de sangre de los demás,
hasta los hombres y mujeres "buenos" que tan solo votan lo que les
dicen los dirigentes de sus partidos. Ambos tipos de personaje moral han salido
a la luz como resultado del auténtico experimento social que han constituido
los últimos escraches de la PAH. Era patético ver a un diputado rodeado de
policías nacionales que intentaba llegar a la estación de Atocha para tomar su
tren de regreso diciendo a los miembros de la PAH que intentaban hablar con él
que: 1) ya lo estamos solucionando, 2) yo no tengo nada que ver con esto.
Patético. Patético era también el diputado que se quejaba de la "violencia
inaudita" del escrache que sufrió su domicilio el día anterior, con
llamadas al timbre, golpes en la puerta, alarma entre los vecinos, inquietud de
los niños, un auténtico escenario...de desahucio. Este último se limitaba a
condenar la "violencia" de los manifestantes y no prometía nada,
incluso amenazaba con no tener en cuenta las reivindicaciones de la PAH, pues
se expresaban de una manera inaceptable.
El escrache es una
vieja táctica de intervención social nacida en Argentina. De lo que se trataba
inicialmente era de impedir la impunidad de los asesinos y cómplices de la
dictadura militar y, posteriormente, de los delincuentes financieros que
devastaron el país. Se trata de un acto en el que se combinan el señalamiento
del responsable y su repudio social. Ciertamente, hay una cierta violencia en
los escraches: la consistente en levantar el velo de normalidad que cubre el
horror cotidiano y protege a sus responsables bajo las apariencias de la
legalidad, del deber, o del anonimato. Adorno y Hannah Arendt reconocieron que
el régimen nazi jamás habría podido funcionar tan solo a través de los miembros
del partido nazi y de sus organizaciones directamente implicados en la
violencia: era necesario que intervinieran cotidianamente un sinfín de personas
anónimas que "cumplían con su deber" haciendo tareas de policía,
gestionando el tráfico ferroviario, escribiendo en la prensa, diciendo misa,
etc. Estas personas siempre afirmaron que no tenían nada que ver con ningún
crimen, pero tampoco se preguntaron nunca por el sentido y las consecuencias de
sus actos. El escrache los obliga a hacerlo y, si no consigue efectos en el
propio sujeto, al menos lo marca de infamia ante el vecindario.
El escrache no
permite que el mal se esconda debajo de la banalidad de los gestos cotidianos:
el diputado que vota "por disciplina de partido" una ley inícua es
reponsable de esa ley y de sus efectos, el que apoya a un malgobierno cruel y
despótico no puede apoyarse en la mayoría electoral para considerarlo legítimo,
el que muestra "sentido de la responsabilidad" apoyando leyes
"necesarias" puede contemplar en directo las consecuencias no menos
necesarias de sus leyes. Y es que las propias víctimas de estas medidas y de su
barbarie se lo están diciendo a la cara. El escrache muestra así, por debajo de
las apariencias de cohesión y de consenso que toda sociedad pretende darse, el
tremendo desgarro, la herida profunda y sangrante que recorre las sociedades de
clases, sobre todo en períodos de agudización de los procesos de desposesión
como el que hoy vivimos. La violencia del escrache es una violencia moral, pero
ese tipo de violencia, a diferencia de la física, fácilmente asimilable por el
poder, tiene hoy muchísima fuerza: distingue un "nosotros" múltiple
que abarca a la inmensa mayoría de la sociedad de un Ellos compuesto por los
beneficiarios del régimen actual y sus intermediarios políticos, permite
delinear un espacio de antagonismo. El escrache es una estrategia de vacío
social en torno a los responsables: un régimen político sólidamente implantado
es capaz de hacer que la inmensa mayoría hable en primera persona del plural,
que diga "nostros" refiriéndose al pueblo o a la nación; en un
régimen en crisis, ese "nosotros" pierde su coherencia y se
contrapone a un Ellos que designa a esos otros que gobiernan ajenos a cualquier
principio de "decencia común".
Enviado por
Gavroche
Escraches de la Plataforma de
Afectados por la Hipoteca (PAH)
Escrache realizado por activistas del TIPNIS en Cochabamba en un evento de la gobernación (2011)
